El Gobierno de Dinamarca se mostró a favor de clausurar las fosas comunes de visones sacrificados por una mutación del coronavirus o Covid-19 tras una petición de la mayoría del Parlamento por posibles consecuencias medioambientales.
Hace tres semanas, las autoridades de danesas ordenaron sacrificar a los cerca de 15 millones de visones del millar de granjas del país, primer productor mundial, al detectarse una cepa del virus que debilitaba la capacidad de crear anticuerpos y podía comprometer la eficacia de las futuras vacunas.
Aunque parte de los animales fueron incinerados, las autoridades habilitaron dos fosas comunes en instalaciones militares al oeste del país para poder acelerar el proceso.
El hallazgo de que algunos visones fueron enterrados a menos de los 300 metros de distancia de un lago marcados por la Dirección de Medioambiente y las imágenes de cientos de animales que salieron a la superficie por efecto de los gases provocaron que la oposición y uno de los aliados del Gobierno exigieran su desentierro y traslado.
“El deseo de mover a los visones e incinerarlos lo he tenido desde el primer día”, dijo el ministro de Agricultura, Rasmus Prehn, al canal TV2. Prehn tomó el cargo hace una semana por la dimisión del anterior titular debido a una disputa sobre la legalidad de una orden para sacrificar a todos los animales, no solo los infectados.
Estamos hablando de 17 MILLONES DE VISONES😢😢https://t.co/9kypgdRrie
— Sopitas (@sopitas) November 27, 2020
Prehn señaló que Medio Ambiente advirtió de las complicaciones del traslado y aseguró que estudian “varias posibilidades”, además de convocar a todos los partidos a una reunión técnica el próximo lunes para estudiar el asunto.
Dinamarca admite errores en la localización de fosas
La ministra de Medio Ambiente, Lea Wermelin, lamentó en una comparecencia parlamentaria celebrada los “errores” cometidos al enterrar a algunos visones sin respetar la distancia exigida, pero aseguró que no había peligro de contaminar el agua por el nitrógeno y fósforo que emiten los cadáveres.
“A todos nos gustaría haber evitado esta situación, pero las autoridades han tenido que gestionarla y hubo un problema con la capacidad de incineración”, señaló Wermelin.
Aparte de clausurar la industria peletera, que da empleo a cerca de 6,000 personas en el país, la decisión del Gobierno desató una tormenta política en la que la oposición exige más dimisiones y cuestiona la responsabilidad de la primera ministra, Mette Frederiksen.
El Parlamento danés todavía no ha consensuado el carácter y el alcance de una comisión que investigue el caso, mientras queda también por fijar la cuantía de la indemnización a los productores afectados, quienes protagonizaron varias manifestaciones de protesta en todo el país.
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Con información de EFE