De acuerdo con un informe publicado este martes por el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), un total de 33 personas y organizaciones que defienden derechos humanos en Venezuela fueron atacadas durante noviembre.
“Se agudizan las acciones represivas con el fin de obstaculizar el trabajo de las organizaciones y de defensores, quienes son calificados por el Estado como enemigos internos”, se lee en el informe en el que se explica que 27 de estos ataques estuvieron dirigidos contra las organizaciones y seis contra personas defensoras de derechos.
Entre los incidentes de seguridad documentados en noviembre destacan 19 actos de “estigmatización”, un ataque que hecho principalmente a través de medios de comunicación del Estado que sirven al presidente Nicolás Maduro.
Según el informe, Diosdado Cabello, es el más férreo detractor de las organizaciones no gubernamentales; el diputado electo lanza críticas cada semana y amenazas a estos espacios, al argumentar que son financiadas por la Administración estadounidense para atacar a la llamada revolución bolivariana.
Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido (PSUV), advirtió que la nueva mayoría oficialista que se instalará en el Parlamento a partir de enero próximo tiene la “tarea pendiente” de aprobar una “ley severa para las ONG” con el fin de regular la cooperación internacional.
“El instrumento contemplaría la prohibición de la entrega de recursos a organizaciones de derechos humanos en el país”, dice el documento del CDJ. Las otras formas de ataque contabilizadas fueron cuatro amenazas, cinco actos de intimidación, un par de detenciones arbitrarias y allanamientos, además de un ataque digital.
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El informe señala como presuntos responsables de estos hechos a funcionarios que ocupan distintas posiciones de poder en las instituciones del Estado y que pregonan discursos que incentivan “la criminalización y los ataques contra las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos”.
Asimismo, especifica que los ataques fueron cometidos en un 40 % por medios de comunicación gubernamentales; 12 % por instituciones públicas; 15 % de organismos de seguridad; 15 % de funcionarios públicos y 18 % de “otros”.
Estas agresiones “evidencian el afianzamiento de la política de criminalización en contra de quienes exigen y defienden derechos y contra aquellos que realizan acciones humanitarias” en Venezuela.
El CDJ acusa al Estado de Venezuela de profundizar “el control social y el autoritarismo”, especialmente desde marzo pasado, cuando se detectaron los primeros casos de coronavirus en el país y el Gobierno aprobó un estado de alarma que continúa.
“Defender y exigir derechos humanos en Venezuela y acompañar a las víctimas de los abusos del Estado en sus procesos de búsqueda de verdad, justicia, reparación es una labor de alto riesgo”, añade el Centro.
Según la misma organización, por lo menos 109 personas y organizaciones que defienden los derechos humanos en Venezuela fueron atacadas en el primer semestre de 2020.
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— Noticiero Digital (@NDtitulares) December 22, 2020
Con información de EFE