Pueblos indígenas de Yucatán obtuvieron un recurso legal para frenar las obras del Tren Maya debido a la falta de información sobre el proyecto gubernamental, dijo el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Por ello un juzgado federal concedió a los habitantes de los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal la suspensión provisional que promovieron mediante un juicio de amparo contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Los pobladores denunciaron que a pesar de la falta de información durante la consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), las autoridades comenzaron con la construcción del Tren Maya, una de las prioridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Las quejosas (demandantes) decidieron ampliar el amparo inicial, en contra de la aprobación de la MIA, porque esta se dio sin haber garantizado toda la información ni la participación pública en el proceso de evaluación ambiental”, indicó el boletín firmado en conjunto por Kanan Derechos Humanos y Múuch’ Xiinbal.

Obra polémica

El Tren Maya es uno de los proyectos insignia de López Obrador, con una inversión estimada de 5,000 millones de dólares para los más de 1,500 kilómetros de extensión en cinco estados: Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo.

El Tren Maya es uno de los proyectos emblemáticos del presidente de México con una inversión estimada de 5.000 millones de dólares para más de 1.500 kilómetros de extensión en los cinco estados del sureste: Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo.

Sin embargo, las obras que arrancaron en junio han despertado varias críticas por parte de pueblos indígenas y ambientalistas que denuncian la afectación natural, patrimonial y cultural que causará este proyecto.

Apenas en diciembre comunidades originarias obtuvieron un recurso legal para frenar obras nuevas del segundo tramo del Tren Maya, que va de Escárcega a Calkiní, en Campeche.

“Ambas autoridades (Fonatur y Semarnat) fueron demandadas como corresponsables al incumplir con sus obligaciones para la protección del medio ambiente, la transparencia, acceso a la información y participación pública durante el proceso de consulta”, dice el comunicado de CEJIL.

Con este recurso, las autoridades no podrán ejecutar obras nuevas en el estado de Yucatán, pero el Poder Judicial aún debe determinar si otorga una suspensión definitiva y, después, si falla a favor de los demandantes en el juicio de amparo.

Con información de EFE.

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