El exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, fue detenido en Acapulco, Guerrero, por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Marín Torres, quien fue conocido tras el escándalo como el “Gober precioso”, está acusado del delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho en 2005 tras destapar una red de pornografía y prostitución infantil, fue ubicado por la FGR, que realizó un cateo en una casa del puerto de Acapulco donde se dio la captura.
“El gobierno de Puebla reconoce a la Fiscalía General de la República su labor de inteligencia para lograr la detención de Mario Marín Torres, esperando que la justicia se aplique con rigor”, dijo desde su cuenta de Twitter el actual gobernador del estado, Miguel Barbosa.
El Gobierno de Puebla reconoce a la @FGRMexico su labor de inteligencia para lograr la detención de Mario Marín Torres, esperando que la justicia se aplique con rigor.
— Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) February 3, 2021
Marín era buscado desde hace casi dos años, luego de que en abril de 2019 una jueza de Quintana Roo emitiera una orden de aprehensión contra cuatro personas: el exgobernador, el empresario José Kamel Nacif, el exjefe de la policía estatal, Adolfo Karam, y su director de mandamientos judiciales, Juan Sánchez.
La acusación es por el delito de tortura hacia la periodista y activista Lydia Cacho y, según la prensa local, el exgobernador será trasladado en las próximas horas a Cancún, Quintana Roo.
Los hechos
Mario Marín tenía una ficha roja de búsqueda de la Interpol, por lo que era buscado en más de 190 países.
El político gobernó Puebla de 2005 a 2011 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Lydia Cacho fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin tener una orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad del empresario de la industria textil José Kamel Nacif.
El empresario fue uno de los principales señalados en el libro dedicado a la investigación del suceso titulado Los demonios del Edén, en el que la periodista denunció una trama de pornografía y prostitución infantil.
Durante el traslado por carretera desde Cancún a Puebla, que duró más de 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente, además de sufrir tocamientos e insinuaciones sexuales y ser amenazada de muerte.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó en 2007 que no se violaron “de forma grave” las garantías individuales de Cacho.
Sin embargo, el Comité de los Derechos Humanos de la ONU aprobó en 2018 un dictamen que declaró al Estado mexicano responsable de varias violaciones de derechos humanos en contra de la periodista y otorgaba 180 días para implementar las medidas correspondientes.
A inicios de 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pidió disculpas a la periodista al reconocer que se violaron sus derechos humanos cuando fue agredida en 2005 tras denunciar una red de pederastas ligada a empresarios y gobernantes.
Con información de EFE.