Alonso Ancira, conocido como el Rey del Acero, llegó en avión a México la tarde de este miércoles luego de ser extraditado desde España, para enfrentar los delitos de corrupción y lavado de dinero de los cuales es acusado.
La aeronave de la Fiscalía General de la República (FGR) que transportó al empresario aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 17:10 horas, desde donde fue enviado al Reclusorio Norte para comparecer ante el juez de control, de acuerdo con la prensa local.
El vuelo despegó desde Palma de Mallorca, en España, donde el Rey del Acero estaba detenido desde su captura en dicho aeropuerto en mayo de 2019, en cumplimiento con una orden de detención emitida por México.
Antes de su llegada a la capital mexicana, el avión hizo una escala en Canadá.
Los delitos que se le acusan
Alonso Ancira enfrenta acusaciones por delitos que causaron “grve daño patrimonial” a Petróleos Mexicanos (Pemex), de acuerdo con lo informado por la FGR.
La investigación contra el propietario de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) inició tras una denuncia presentada por Pemex en marzo de 2019 “con motivo de una serie de delitos que motivaron un grave daño patrimonial a esa empresa”.
Los ilícitos de los que se le culpa están relacionados con la investigación en marcha de la venta con sobreprecio a Pemex de una planta de fertilizantes en 2013.
De acuerdo con las investigaciones, la venta de la planta fue cerrada con un sobreprecio de 500 millones de dólares por AHMSA, cuando Pemex era dirigida por Emilio Lozoya Austin, que también enfrenta un juicio en México.
El valor de dicha planta no superaba los 50 mdd, de acuerdo con estimaciones del gobierno mexicano, por lo que se considera que el sobreprecio afectó negativamente a la petrolera, además de que no funciona debido a estar obsoleta.
Por ello se argumento que Ancira contribuyó con el lavado de dinero de Lozoya, “pagando por adelantado” para que cuando fuera director general de Pemex se procediera a la “adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además, los intereses públicos”.
Con información de EFE.
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