No hay con Morena una transformación nacional, no hay un cambio de modelo económico y menos un cambio de régimen político. México sigue plácidamente sentado en el sistema presidencial con economía mixta construido por la primera revolución del siglo pasado. Dejando de lado la propaganda sexenal de moda, vayamos al análisis político.
El gobierno lopezobradorista concentra todo su poder en dar énfasis a las empresas públicas ligadas al Estado con marcos sobre regulados para controlar el mercado energético. Esta formula no es nueva, la usaron los presidentes Calles, Cárdenas, Ruiz Cortines, López Mateos, Díaz Ordaz y ahora López Obrador. Es parte del modelo mixto de economía de nuestro diseño constitucional.
De igual manera, en otros sexenios, el énfasis de la política económica ha sido colocado en las empresas privadas ligadas al Estado a través de contratos y subsidios que limitan el libre mercado como lo hicieron los presidentes Alemán, de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña.
Hay así dos énfasis sistémicos que van de un lado y otro del modelo económico mixto, dos formas de diseñar la política económica y favorecer con recursos la hegemonía transexenal de una élite sobre otra: “desarrollo estabilizador” o “neoliberalismo”; dos etiquetas que comparten algo en común: la no competencia económica. ¿Quién predomina? Han sido los vientos geopolíticos de la Longue Duré, los que determinan hacia donde jala el péndulo del país como bien señaló Daniel Cosío Villegas.
Populismo y democracia
Si en algo tiene razón el populismo, es que su diagnóstico como señala John B. Judis parte de una premisa correcta, las sociedades abiertas están enojadas con la globalización porque atestiguaron que del desmantelamiento de los monopolios públicos no surgieron mercados eficientes y precios competitivos sino arreglos corporativos opacos entre las nuevas empresas privadas que al no competir, sus riesgos han sido pagados a costa del bienestar: cuando un banco quiebra, la alta gerencia tiene millonarios finiquitos pero los trabajadores solo obtienen la crudeza del desempleo.
Igual pasa con la democracia; la gente está molesta porque perciben que la transición y las alternancias solo funcionan para sostener a las élites que las privatizaciones crearon y se han encargado a través de la sobre regulación electoral de ir limitando el poder del voto, de quitarle la democracia a la gente.
México construye en el siglo XX un régimen político presidencial con mayorías legislativas estables basadas en un sistema electoral no competitivo de partido único y sin elección consecutiva para dar movilidad relativa a las élites. El principio maderista de no reelección presidencial detona la revolución de 1917, se consolida como regla metapolítica en la coyuntura del atentado obregonista y sirve de salida a la crisis colosista de Lomas Taurinas.
La gran lección histórica: hay camino para la alternancia, pero sin reelección presidencial. El legado del maestro Jesús Reyes Heroles ha sido dar desde la década de los setentas la competitividad electoral requerida por el sistema de partidos de un modo proporcional y gradualista para no comprometer la estabilidad política del régimen presidencial.
Años después, el presidente Zedillo comprende bien su propio desafío histórico y pacta las condiciones institucionales para la alternancia presidencial separando las elecciones del gobierno federal como exige el EZLN, con un órgano autónomo constitucional como exige la sociedad civil en los Acuerdos de Chapultepec de 1994 y que hoy llamamos INE. Giovanni Sartori en ese mismo año, sugiere un paquete de enmiendas constitucionales previendo que el Ejecutivo tenga mayorías legislativas estables con un componente proporcional para incentivar los acuerdos y no frenar la administración del gobierno federal e impulsar las diversas agendas locales avaladas en las urnas, nuestra modernidad plena.
Sin embargo, el paquete de enmiendas constitucionales posteriores a la primera alternancia presidencial del año 2000, construye un marco normativo que limita el debate público, acota la competencia entre partidos y resta poder de control a nuestro voto. No es gratuito que a partir del año 2003, el PAN empieza a ceder la postulación de candidaturas frente al presidente Fox, un conflicto interno que se agudiza con el presidente Calderón y termina por implosionar a ese partido histórico. Alguna ocasión en la UNAM escuche decir a Carlos Castillo Peraza que el desafío de Acción Nacional era ganar el poder sin perder el partido. Hoy el panismo como doctrina no tiene poder, tampoco tiene partido.
Algo similar pasó en el PRI huérfano de jefatura política desde la primera alternancia presidencial. En la XX Asamblea Nacional rediseña sus formas de dirección interna para incluir pragmáticamente a sus factores nacionales y pactar las candidaturas, pero sin pasarlas por la militancia organizada en las estructuras territoriales del país, es decir, salvar a las cúpulas a costa de la base partidista.
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Coalición PAN-PRI-PRD
El resultado para ambos partidos históricos es brutal: hoy están en sus mínimos históricos de votación. Sin vida interna activa no hay base electoral. Pero a las dirigencias nacionales no les preocupa. El control orgánico de las candidaturas y el componente proporcional del sistema electoral vigente aún permite a las dirigencias mantenerse en el Congreso como el interlocutor presidencial mejor organizado. De ahí que la actual coalición PAN-PRI-PRD sólo tenga como argumento servir de contrapeso legislativo. No hay agendas locales y narrativa para los votantes. Estos arreglos no democráticos erosionan la legitimidad del sistema de partidos y refuerzan un sentimiento de desafección partidista en uno de cada dos votantes.
El populismo, de hecho, se ofrece como un restablecimiento del diálogo entre la gente y el gobierno sin mediaciones partidistas para eliminar privilegios en lo público y devolverle poder al pueblo. Sin embargo, el populismo usa a su favor, la debilidad política de la sociedad para aumentar el poder de las élites que lo enquistan en el aparato de Estado. El gobierno populista aumenta la separación de los partidos de la sociedad y sostiene los candados sistémicos a las candidaturas independientes y a otras formas de incidencia política ciudadana a costa de la democracia. Al igual que la partidocracia que dice desechar, el populismo también reduce lo político a lo electoral sobre regulando la competencia, desechando la rendición de cuentas, capturando el debate ciudadano y obstruyendo la participación de la gente en las políticas públicas.
Al aprobar las dirigencias partidistas con su brazo legislativo varias restricciones normativas en la comunicación política, en los formatos de debate, en la propaganda, en los silencios y en las pausas de la contienda no sólo se busca proteger a candidaturas frágiles procesadas por designaciones directas cupulares sino también debilitar el voto para que la sociedad no tenga suficiente poder frente a los acuerdos de las élites y defina por sí misma una nueva composición de fuerzas que comprometa la hegemonía del mainstream con cambios estructurales de libre competencia económica y política. No es casual que sean los mismos rostros desde 1988, con los mismos argumentos, los que prometen reinventar el país en cada elección mientras las banquetas siguen poco caminables, los servicios públicos igual de malos, la inseguridad desbordada, los hospitales sin medicinas y los parques sin niños porque no están equipados con juegos infantiles dignos.
Aún así, la sociedad ha sido determinante en las elecciones presidenciales de los años 1994 y 2000. Hoy la gente exige un nuevo arreglo político donde sus intereses sean el centro de la democracia. Esa fue la llamada de campana de la elección presidencial del año 2018 y la resurrección del populismo echeverrista.
Urge restablecer nuestro orden democrático más allá de los partidos para recuperar el poder de nuestro voto, de eso escribiré en próximas entregas.
Oscar Juárez
Politólogo
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