Giran orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez

Giran orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez

Este miércoles se informó que un Juez de Control del Estado de Puebla giró una orden de aprehensión en contra de Luis Ernesto Derbez, ex secretario de Economía en la administración de Vicente Fox y ex rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

La orden de aprehensión es por el delito de fraude específico en agravio de la citada casa de estudios y comprende también a otros integrantes del cuerpo directivo, los ex vicerrectores Administrativo y de Finanzas y el ex director de Asuntos Jurídicos, además de los abogados de la familia Jenkins Landa, Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz.

Foto: @luisederbez

Desvío de cerca de 100 millones de pesos

Los hechos imputados se remontan a 2016, cuando el también ex secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez y sus colaboradores, crearon una serie de empresas, entre las que se encuentra la sociedad denominada ULAP Jenkins Graduate School, de la cual son socios y en la que habrían desviado alrededor de 100 millones de pesos que eran propiedad de la Fundación Mary Street Jenkins.

En el caso de los abogados Rincón Salas y González Muñoz, con esta suman ya tres órdenes de aprehensión, luego de las dos previas giradas en su contra por lavado de dinero, fraude específico y administración fraudulenta por el desfalco y desvío de recursos que suman más de 15 mil millones de pesos.

Foto: UDLAP

Disputa por la Fundación y sus bienes

Los abogados presuntamente diseñaron una estructura que permitió transferir los fondos a Panamá y robar de esa manera la totalidad de los activos de la Fundación. Las órdenes de aprehensión fueron libradas dentro del litigio penal y civil que Guillermo Jenkins Landa y el resto de su familia sostienen por el control de la Fundación y sus bienes, entre ellos la Universidad de las Américas Puebla.

El pasado 29 de junio, la casa de estudios fue tomada por la Policía Estatal de Puebla, así como por personal de la Fiscalía General del estado, lo anterior presuntamente al existir una orden de desalojo aparentemente a consecuencia de la disputa legal con la familia Jenkins por la marca y el logotipo de la universidad.

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