La política de las cosas

Somos un país con un orden constitucional que reconoce desde 1917 la coexistencia de la propiedad estatal, la propiedad privada y la propiedad social. El General Ávila Camacho elogió este diseño institucional como el “potente arranque del desarrollo contemporáneo de México”. Un diseño institucional cuyos vacíos normativos son definidos, desde entonces, por decisiones políticas presidenciales: qué tanta propiedad privada, qué tanto mercado y con cuáles regulaciones, cómo competir o no competir, dónde invertir y quiénes dentro y quiénes fuera de los beneficios económicos.

El fin de la Guerra Fría y las reformas de Estado en los años noventa obligaron a descolocar activos estatales y recolocarlos en el régimen de propiedad privada para ensanchar el mercado mundial, siguiendo más la vía postsoviética de transición política que aquí llamamos privatizaciones: arreglos entre las élites para capturar empresas públicas conservando mercados no competitivos, consumidores cautivos, precios altos y mala calidad. Sucedió en toda América Latina, Europa Oriental y, desde luego, sucedió también en nuestro país.

La industria eléctrica nacional.

El modelo eléctrico prevaleciente es producto de la nacionalización del año 1960, implementada por el presidente Adolfo López Mateos mediante el concepto de empresa pública, siguiendo la visión de ser “un gobierno de izquierda atinada, dentro de la Constitución” o de “economía mixta” como siguen llamado los priistas a esta dualidad estructural de la propiedad en sus Documentos Básicos.

En paquete de reformas estructurales salinista abrió opciones de mercado en varios sectores de la producción, pero limitadas por proteccionismo de facto, sobre regulaciones y discrecionalidad de subsidios que van desde las telecomunicaciones hasta los servicios logísticos y la agricultura. El sector energético quedo para después, con Colosio.

El impasse político del año 1994 modificó el ritmo y sentido de las reformas con el presidente Zedillo, enfocándose más a la construcción de la gobernabilidad democrática y la administración de la crisis económica transexenal. La reforma energética siguió entre los pendientes. La agenda climática global y los Acuerdos de Paris vincularon los cambios del sector eléctrico y petrolero con nuevas reglas comerciales, derechos de emisión, bonos de carbón e impuestos verdes. Los gobiernos panistas de Fox y Calderón poco pudieron hacer en esa materia. La falta de acuerdos legislativos para cambiar el modelo energético mexicano y las urgencias coyunturales, congelaron el tema, para después, en plena guerra contra el narcotráfico y las disputas internas panistas.

El cambio de modelo energético a media luz.

La capacidad política del peñismo logra destrabar la agenda energética en el marco del Pacto por México e introducir cambios para abrir parcialmente el mercado energético e imprimir un nuevo diseño institucional a las dos empresas públicas: PEMEX y CFE; unidas ambas, por el gas natural y el combustóleo como derivados del petróleo para la generación de electricidad.

La reforma eléctrica del año 2013 divide a la CFE en una serie de empresas subsidiarias y unidades de negocio administradas por un gobierno corporativo y así facilitar la participación privada con garantía pública en la cogeneración y el uso compartido de la red nacional de transmisión. En los hechos, CFE compite consigo misma y con los agentes privados participantes en el mercado eléctrico, que cuenta con un órgano regulador autónomo y un consejo encargado de la gobernanza del sector energético del país y que mantiene una comunicación institucional con el despacho del gobierno federal responsable de implementar la política pública sexenal.

El modelo de transición energética fue el modelo posible desde el punto de vista político y desde la perspectiva económica es un modelo incompleto y no competitivo que genera más de 350 precios de energía eléctrica y traslada sus ineficiencias a las tarifas que paga el consumidor final, de ahí, que el principal mensaje modernizador para construir la licencia social de la reforma eléctrica no se haya cumplido: bajar la tarifa en nuestro recibo de luz, es decir, tener precios competitivos para los hogares y negocios.

El retorno populista a López Mateos.

López Obrador tiene un diagnóstico correcto sobre los pendientes y objetivos incumplidos del periodo de reforma estructural del país.  La promesa modernizadora fue tener mercados libres, precios competitivos y entornos regulatorios eficientes con solida legalidad y estabilidad social. La realidad ha sido otra, el lopezobradorismo lo sabe bien, y por eso, el centro de la narrativa oficial son los pobres y sus agravios de violencia e injusticias.

Existen, es cierto, presencia de multinacionales que invierten para aprovechar las ventanas de oportunidad del comercio con Estados Unidos, siendo estas, una de las principales fuerzas formales de la economía mexicana. Sin embargo, los mercados internos continúan sobre regulados para favorecer con subsidios, ordenamientos territoriales frágiles, contratos directos y prácticas proteccionistas a ciertos actores económicos de élite vinculados con la administración federal; de ahí, que el principal empleador hasta el día de hoy sea el sector informal, dada la dificultad de la gente para abrir y operar un negocio en ambientes sobre regulados con trámites, permisos y licencias.

Nuestra productividad, competitividad y prestaciones laborales son las más bajas de los países de la OCDE. La pobreza disminuyó, gracias más al acceso a mercancías globales con precio competitivo como son electrodomésticos, ropa y automóviles que a los programas sociales, que reproducen pobreza por no ser ejecutados de modo correcto.  Las brechas de desigualdad urbana se fueron ampliando y todo el proceso de reformas preservó los privilegios estamentales de las élites a costa del bienestar democrático. Hoy el populismo es de carácter urbano y constituye la opción política de las personas precarizadas, paradójicamente, por la ineficiencia de los mercados controlados por las burocracias.

Nuestra modernización parcial e inconclusa, como bien explica Jesús Silva Hergoz-Márquez, propició una alteración de la vida política y económica de la sociedad mexicana cuyo signo grosero es la concentración oligárquica de la riqueza, el bienestar y los cargos públicos.

El lopezobradorismo identifica estos agravios, comunica estas desigualdades y promete corregirlas. Gana la elección presidencial.  Y López es congruente con su base social, con los más pobres. De ahí, que toda la política pública federal, este dirigida a mover el péndulo de la “economía mixta” hacia un Estado más fuerte, de mercados abiertos en lo mínimo necesario y con nuevos aliados geopolíticos para construir los contrapesos políticos a fin de transitar la agenda presidencial frente a Washignton, que en materia eléctrica significa recuperar el modelo eléctrico previo a las reformas del año 2013: unificar a la CFE y devolverle todas sus capacidades operativas y comerciales, esas que López Mateos supuso palancas del desarrollo industrial y factor de soberanía energética de México.

¿La reforma eléctrica es el Brexit a la mexicana o la ruta mexicana para construir una empresa pública de escala mundial? No lo sabemos, la moneda esta en aire.

 El futuro inmediato y el priismo dividido.

La pandemia es un catalizador de cambios profundos en toda la vida social; la industria eléctrica mundial no es ajena. Los inventarios de carbón están en sus mínimos históricos dada la pausa en la minería y la demanda eléctrica continua en aumento dada la reactivación productiva del mundo. China enfrenta este escenario con paros técnicos que afectan las redes globales de suministros manufactureros. Europa y Estados Unidos estarán en invierno con un escenario de alza de precios del gas natural, el pago por derechos ambientales al carbón y su impacto en la generación y tarifas de electricidad.

El presidente López Obrador, por lo tanto, tiene prisa. El ajuste invernal de los precios en Occidente y la crisis de carbón en China pegan de frente en la narrativa oficial. Dotarle a CFE de más capacidades operativas blinda su proyecto político de más Estado y permite a su administración gestionar, en el corto plazo, la crisis energética china y la volatilidad global de precios, es decir, cumplirle a su votante. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, estas políticas de corto plazo deben estar ancladas a una visión de desarrollo sostenible, hacia un modelo de seguridad energética 2030 que permitan lograr lo que el paquete de reformas de primera generación no pudo por evitar tocar las estructuras económicas del país: ofrecer precios más eficientes para el consumidor final.

El priismo irá divido a la discusión, análisis y votación de la iniciativa ejecutiva de López Obrador porque ese tema polariza ideológicamente a las dirigencias, legisladores y base social priistas. En los Documentos Básicos del PRI, hay artificios narrativos para encubrir sus pulsiones estatistas en el término como “economía mixta”, “economía social de mercado” y “prosperidad compartida”.  El PRI, acostumbrado a no hablarse así mismo, deliberará en sus instancias nacionales estatutarias, podrá tejer un acuerdo pragmático en la élite, pero no será compartido por todo el priismo porque el priismo está dividido ideológicamente por esa agenda desde los años ochenta. Todos sus costos y éxitos electorales van de la mano con las ideas nacionalistas de la cultura política en el priismo profundo y de las promesas inconclusas del proyecto modernizador, que el priismo profundo no termina de asimilar como propio. De ahí, que el Grupo Parlamentario del PRI evite posicionarse políticamente en el tema. La división es real. Puede costar su base social electoral, pero también puede costar la viabilidad misma del partido como ha comentado Liébano Sáenz. El priismo nacional con sus foros de parlamento abierto compró tiempo.

No será fácil para el PRI y el presidente tiene prisa.

Les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la Nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos … intentarán por medios sutiles entregar de nuevo.

Adolfo López Mateos

Por Óscar Juárez