Las demandas contra empresas en Estados Unidos de trabajadores que se llevaron el Covid-19 a casa e infectaron a sus familiares podrían costarles hasta 21,000 millones de dólares (mdd) si el número de muertes en el país llega a 300,000 según Praedicat, empresa que evalúa riesgos para las aseguradoras.

El presidente ejecutivo de Praedicat, Rob Reville, advirtió que ese es el peor escenario posible y señaló que los casos podrían tener una factura inferior en función de cómo interpreten las demandas los jueces.

“Las empresas deberían preocuparse mucho por esos casos”, advirtió el abogado Tom Gies de Crowell & Moring, que defiende a los empleadores.

Se cree que entre el 7% y el 9% de las cerca de 200,000 muertes causadas por coronavirus que se registran a la fecha en Estados Unidos se deben precisamente a contagios llevados del trabajo a casa.

Un caso sin precedentes

Por ejemplo, la hija de Esperanza Ugalde, en Illinois, presentó en agosto una demanda por homicidio imprudente —la primera de ese tipo según abogados—, alegando que su madre murió por Covid-19 después que su padre contrajo la enfermedad en la planta de procesamiento de carne de Aurora Packing Co.

Estas acciones toman prestados elementos del caso del amianto y esquivan los límites a la responsabilidad por accidentes en el lugar de trabajo, lo que expone a las empresas a costos elevados por daños y perjuicios, aunque el demandante no haya puesto un pie en las instalaciones.

La demanda contra la empacadora Aurora alega que Ricardo Ugalde trabajó “hombro con hombro” en la línea de procesamiento de la empresa durante abril, mes en el que la planta sabía que había un brote de coronavirus en sus instalaciones, y no advirtió a los empleados ni adoptó ninguna medida de prevención de infecciones.

El sistema de compensación a los trabajadores en Estados Unidos normalmente dificulta que estos presenten demandas por Covid-19, pues el sistema pone un tope a la responsabilidad de las empresas y prohibe querellas costosas a cambio de pagos rápidos a los empleados, que no necesitan probar la culpa.

Pero Esperanza Ugalde no era una empleada de Aurora, así que su familia puede demandar a la empresa. Dependiendo de las circunstancias, un caso exitoso de homicidio por imprudencia puede superar el millón de dólares en daños.

Ese tipo de casos han existido durante década en los contenciosos por el amianto y los tribunales se han dividido a la hora de decidir si una empresa tiene obligación con personas que nunca han pisado sus instalaciones.

En 2013 un jurado de California concedió a Rose-Marie Griggs 27.3 mdd en daños compensatorios y punitivos después de que contrajera un mesotelioma que, según sus abogados, fue causado por las fibras de amianto que llegaban a su casa en la década de 1950 en la ropa de trabajo de su marido, que instalaba aislamientos para una filial de Owens-Illinios Inc.

La empresa apeló y las dos partes llegaron a un acuerdo extrajudicial antes del fallo de apelación.

Con información de Reuters.

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