El próximo 8 de octubre entrará en vigor la modificación completa de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2017, que establece que todas las estaciones de servicio de despacho de gasolina y diésel del país deberán contar con dispensarios nuevos o actualizados.

De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), se busca que las gasolineras tengan dispensarios que cumplan con las características y especificaciones establecidas en dicha norma.

La Norma corresponde a ‘Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación’.

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“Los consumidores y las empresas tendrán mayor protección y certeza de que el volumen de combustible que reciban sea completo (litros de a litro) y acorde con lo que hayan pagado (precios correctos)”, dice un comunicado.

De acuerdo con la SE, el cumplimiento de la NOM 005 ayudará a eliminar prácticas ilegales y a combatir al robo de combustible o “huachicol”.

“La Profeco tendrá mejores herramientas que servirán para evitar el robo a los consumidores y hacerse de evidencias que fortalezcan sus denuncias penales”, dice el documento.

La SE “considera indispensable que se conozca la protección otorgada por las Normas Oficiales Mexicanas, de tal manera que los consumidores y las empresas exijan su cumplimiento. Asimismo, concibe que, al garantizar la aplicación cabal de las Normas Oficiales Mexicanas, se fortalece el Estado de Derecho”.

En ese sentido, el 14 de septiembre, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) sancionó a diversas empresas y personas físicas por pactar los precios de venta al público de las gasolinas en Tijuana y Mexicali, Baja California.

“El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) determinó que diversas empresas que pertenecen a los grupos de interés económico Gasmart, Rendichicas, Appro, Magigas, Eco y las sociedades Colorado, Florido, Becktrop, Ravello, Dagal y Cargas, así como 11 personas físicas que actuaron en su representación, cometieron prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la comercialización de gasolinas en los municipios de Tijuana y Mexicali, en el estado de Baja California”, decía un comunicado.

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