Inditex y otras tres multinacionales son objeto en Francia de la primera denuncia presentada en Europa contra el sector textil por beneficiarse presuntamente del trabajo forzoso de la etnia Uigur, y de esa forma ser cómplices de los crímenes cometidos contra esa minoría china de religión musulmana.
Al grupo español, a Uniqlo, Sketchers y SMCP, propietaria de marcas como Sandro o Maje, se les acusa de subcontratar parte de su producción o comercializar productos que utilizan algodón de la región uigur de Xinjiang, que produce en condiciones cuestionadas cerca del 20 % de esa materia prima a nivel mundial.
El Colectivo Ética en las Etiquetas, el Instituto Uigur de Europa, la asociación judicial Sherpa y una víctima uigur están detrás de esa demanda interpuesta ante la Fiscalía del Tribunal Judicial de París, que espera conseguir que esas empresas dejen de trabajar en la zona.
Denuncia inédita
“La demanda no tiene precedentes en el sentido de considerar que esas compañías deben asumir algún tipo de responsabilidad penal en el hecho de importar productos textiles y zapatos de una región donde no pueden ignorar que lo que importan se hace al precio más alto de la comisión de crímenes contra la humanidad”, dijo el abogado William Bourdon.
El fundador de Sherpa y letrado del gabinete que interpuso la denuncia el jueves pasado, basó su procedimiento en testimonios de víctimas uigures en el informe del centro de estudios australiano ASPI, investigaciones periodísticas y otros elementos factuales que a su juicio ponen en el punto de mira a esas cuatro firmas.
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El análisis australiano, disponible en internet, apunta que “bajo condiciones que sugieren fuertemente el trabajo forzoso, los uigures están trabajando en fábricas que participan en las cadenas de suministro de al menos 82 marcas mundialmente reconocidas”.
“La acusación contra nuestra compañía carece completamente de fundamento”, afirmó Inditex en una declaración a EFE.
El grupo español, también dueño de marcas como Zara o Pull&Bear, aseguró que cumple “de forma escrupulosa con toda la legislación y recomendaciones existentes” en “defensa de los derechos de los trabajadores y dispone de un marco de cumplimiento en materia de derechos humanos basado en los más altos estándares internacionales”.
Los demandantes confían en que la Fiscalía abra una investigación en las próximas semanas para identificar a las entidades subcontratadas, establecer su implicación en la política de represión del Gobierno de China y luego confirmar que las multinacionales demandadas se benefician de esos procedimientos y conocen el “origen delictivo” de lo vendido.
Se busca terminar definitivamente con su “implicación directa o indirecta con la esclavitud del pueblo uigur”, destacó el eurodiputado francés Raphaël Glucksmann, que apoya a ese colectivo.
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— euronews español (@euronewses) April 12, 2021
“Hoy una empresa como Zara, que no produce nada por sí misma, puede huir de todo tipo de responsabilidad alegando que son sus subcontratantes quienes violan los derechos humanos”, añadió el político socialista.
Glucksmann es uno de los eurodiputados sancionados por China en marzo dentro del cruce de sanciones entre la UE y Pekín luego de las medidas de Bruselas por lo que el bloque europeo calificó de “graves violaciones de derechos humanos” contra la minoría uigur.
Con información de EFE