Los adolescentes también pueden emplearse en los sectores forestal, de aserrado, silvícola, de caza y pesca, mientras no usen químicos, manejen maquinaria o vehículos pesados.

Los adolescentes de entre 15 y 17 años tendrán la posibilidad de laborar en actividades agrícolas y otras más que habían sido prohibidas por considerarlas peligrosas para su edad. De acuerdo con la reforma aprobada en febrero por el Congreso entra en vigor en medio de la visita de Julie Su, subsecretaria de Trabajo de Estados Unidos, en la que informó que se otorgarán más recursos para combatir el trabajo infantil en México.

Este decreto por el que se reformó el artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) se publicó el martes pasado por La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a través del Diario Oficial de la Federación. Luego de su aprobación en el Senado, Luisa María Alcalde Luján, titular de la dependencia, se comprometió a crear una regulación que priorice los derechos de las y los adolescentes.

El artículo segundo transitorio del decreto señala que la STPS tendrá un plazo de seis meses para elaborar y publicar una Norma Oficial Mexicana al respecto.

Ante esto, Alcalde Luján, el mes pasado publicó a través de su cuenta de Twitter que “De promulgarse (la reforma), elaboraremos una NOM dentro de los plazos señalados en los transitorios que garantice: Que la reducción no implique precarizar el empleo y contener los incrementos salariales de los trabajadores mayores de edad. Que ponga por encima de cualquier otro interés los derechos de las personas jóvenes”.

Cabe señalar que hasta 2020, previo a la crisis económica por la pandemia de covid-19 que empobreció a millones de familias y sacó a miles de estudiantes de las escuelas, en México laboral más de 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), y de esa población, más de 2 millones lo hacen en ocupaciones no permitidas.

Además, el sector que más ocupa la fuerza de trabajo infantil y adolescente es el campo, en esas actividades está inserto el 31.6% de los menores de edad que laboran. Para combatir este problema, el capítulo laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prohíbe la importación de productos que tengan mano de obra de la infancia o adolescencia.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses y canadienses todavía no han dicho nada sobre si esta reforma pudiera violar el acuerdo comercial.

Por su parte, el Congreso mexicano reformó en 2015 la LFT y elevó la edad mínima para comenzar a trabajar. En ese momento era legal que adolescentes de 14 años tuvieran un empleo, por lo que se subió a los 15 años de edad.

Además, la modificación incluyó protecciones para quienes no han alcanzado la mayoría de edad. El Legislativo estableció en el artículo 176 una serie de labores como peligrosas o insalubres, las cuales no podían desempeñar las y los adolescentes entre 15 y 17 años.

Con lo anterior, cabe mencionar que en el numeral 8 de la fracción II indicó que entre ellas estarían las actividades que los adolescente podrían desempeñar están las “agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca”.

No obstante, la reforma aprobada en febrero le agrega una excepción a ese numeral, pues de las seis actividades mencionadas estarán prohibidas cuando impliquen “el uso de químicos, manejo de maquinaria, vehículos pesados, y los que determine la autoridad competente”.

De manera contradictoria, para las organizaciones de los derechos de la infancia y la adolescencia, esta decisión representa un revés para la erradicación del trabajo infantil.

Y según con las investigadoras Fernanda Martínez Flores y Mireille Kozhaya, del Instituto Renano-Westfalia de Investigación Económica de Alemania (RWI), haber elevado la edad mínima de trabajo disminuyó la tasa de trabajo infantil en 16%.

Por su parte, la subsecretaria del Trabajo de los Estados Unidos Julie Su anunció una nueva inversión de 28 millones de dólares en el país “para apoyar el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores, la promoción de la libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva y la eliminación de trabajo infantil forzado”.

Repartición de recursos:

• 5 millones de dólares para la organización Social Accountability International para combatir el trabajo infantil y forzoso y apoyar en producciones de tomate y chile en Baja California, Baja California Sur y Chihuahua.
• 13 millones de dólares para un proyecto en asociación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para abordar el trabajo infantil y el trabajo forzoso a nivel federal, y la trata de personas con países centroamericanos.
• Un premio de 10 millones de dólares para Solidarity Center para fomentar la democracia sindical, fortalecer la representación de los trabajadores y apoyar a las organizaciones de trabajadores.

Al respecto, es importante hacer énfasis que en el último Reporte sobre Trabajo Infantil, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos a finales de 2021, señala que “en 2020, México realizó un avance considerable en los esfuerzos por eliminar las peores formas de trabajo infantil”.

Pero también indica que, “los niños también realizan tareas peligrosas en la agricultura, por ejemplo, en la producción de chile, café, caña de azúcar y tomates. La pandemia de covid‐19 afectó gravemente la economía mexicana y llevó a un aumento marcado del número de niños que realizan trabajo infantil”.

A través de la discusión de la reforma, productores y legisladores aseguraron que, debido a la prohibición para trabajar en el campo, muchos adolescentes han preferido incorporarse al crimen organizado ya que “Es una salida fácil decir que por el número de restricciones que pusimos, los jóvenes van a ser delincuentes”, señaló la investigadora Fernanda Martínez.

Así que alrededor de esta nueva reforma podrían también cambiarse conflictos que implicitamente trae consigo la búsqueda de actividad laboral por parte de los adolescentes.

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