La Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó de su cargo e inhabilitó a un profesor del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) No. 6 “Miguel Othón de Mendizabal” del Instituto Politécnico Nacional (IPN) por agredir sexualmente a una alumna.

Con esta acción la dependencia encabezada por Irma Eréndira Sandoval impuso la máxima sanción administrativa permitida por la norma, dijo la SFP en un comunicado.

“El compromiso de este gobierno con las mujeres trasciende las palabras y se manifiesta en acciones y políticas públicas concretas. El acoso y hostigamiento sexuales son inaceptables en la Administración Pública Federal”, dijo la titular de la SFP.

Esta es la primera vez que el Órgano Interno de Control (OIC) del IPN sanciona una agresión sexual por ir en contra de los valores y principios establecidos por el Código de Ética de las Personas Públicas del Gobierno Federal, lo que sienta un precedente para este tipo de casos, pues la Ley General de Responsabilidades Administrativas no especifica esta conducta como una falta sancionable.

El OIC del IPN atendió la denuncia presentada por la víctima en 2019, en la cual acusó a un profesor de haberla atacado sexualmente dentro del plantel escolar.

Durante la investigación, en la que siempre se garantizaron los derechos constitucionales de la denunciante y del acusado, se realizaron diversas diligencias como reunir declaraciones de la víctima y otros estudiantes del mismo centro educativo.

También se valoró e integró un dictamen psicológico emitido por peritos de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, como parte de los trabajos de coordinación con las autoridades competentes.

Este proceso llevó a determinar las sanciones anteriormente distintas que corresponden al profesor en el ámbito administrativo en su carácter de servidor público. La SFP también destacó que el maestro ya se encuentra privado de su libertad al haber sido denunciado por la vía penal.

La dependencia señaló que actualmente se ofrecen más canales para denunciar y tomar acciones concretas y sanciones en relación con el delito de violencia de género, como la emisión de un nuevo Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual que entró en vigor en febrero pasado, el cual establece procedimientos de investigación y de sanción que posibilitan un efectivo acompañamiento de las víctimas y el acceso a la justicia.

Además, en marzo se integró al Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal una reforma para prohibir el acoso sexual, hostigamiento sexual y cualquier conducta que implique una violación a los derechos humanos.

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