Dos grandes empresas en México enfrentan procesos penales por impuestos luego de que no lograron llegar a un acuerdo con las autoridades, dijo el fiscal Carlos Romero.

El proceso penal de estas dos empresas, que el fiscal declinó dar a conocer su nombre, se da mientras funcionarios buscan detener la evasión de impuestos corporativos con amenazas de encarcelamiento.

“Dos ya están en el proceso penal, que decidieron seguir la vía larga”, dijo el fiscal Carlos Romero en una entrevista.

La procuraduría a su cargo había considerado presentar cargos contra otras dos empresas que inicialmente no cumplieron con sus obligaciones fiscales pero luego las pagaron, dijo.

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En medio de un impulso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para recaudar más en el país, autoridades mexicanas han informado de mayores ingresos fiscales de las grandes empresas este año pese a la crisis del coronavirus.

México tiene la recaudación de impuestos más baja en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Romero dijo que la Fiscalía General está revisando las denuncias penales antes de presentar cargos formales, un proceso que ha sido retrasado por la pandemia provocada por el Covid-19.

Romero estimó que los fallos en los dos casos podrían demorar año y medio. “Estamos presionando para que salgan lo más rápido posible”, destacó.

Por el momento, las empresas han perdido la oportunidad de llegar a un acuerdo, agregó. “Si tenemos una sentencia desfavorable para ellos, una de las sanciones es la reparación del daño, y otra, la cárcel”.

EL 23 de septiembre, Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que en 2020 se han logrado recaudar 60,000 millones de pesos (mdp) más que el año pasado a pesar de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19.

“Esta recaudación, es en términos nominales, 60,000 mdp más que el año pasado a pesar de la pandemia y en términos reales representa una disminución de 1%”, dijo Raquel Buenrostro durante una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la titular del SAT, de 12,000 grandes contribuyentes se revisaron 627 y sólo dos se judicializaron.

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