A pesar del vehemente discurso contra la corrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), México llega al Día Internacional Contra la Corrupción sin una clara estrategia gubernamental para combatirla y con escándalos familiares que manchan la imagen del presidente.
“Vivir en una sociedad mejor es lo que estamos buscando, pero para eso hay que acabar con la corrupción, hay que acabar con el influyentismo, hay que acabar con la impunidad y eso cuesta a algunos entenderlo”, expresó este miércoles el presidente, un discurso que contrasta con los resultados a dos años de su Gobierno.
“Hay un contraste enorme entre la narrativa del presidente y sus acciones, una contradicción muy grande”, sostuvo Edna Jaime, directora de la organización México Evalúa, quien opina que las cosas siguen “como siempre”.
López Obrador: por familiares y compañeros
Luego de arrasar en las elecciones de 2018, el presidente López Obrador prometió a un país harto de la corrupción, que esta práctica se terminaría. “Sea quien sea será castigado”, incluidos “amigos y familiares”, expresó en su discurso de victoria.
Pero su imagen de pulcritud se fue desdibujando.
El lunes pasado, López Obrador tuvo que salir al paso ante la noticia de que su prima Felipa Obrador recibió cerca de 365 millones de pesos en contratos otorgados por Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la actual Administración.
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“El discurso de que los que estaban antes eran malos porque eran corruptos pero ‘nosotros somos diferentes’ no funciona. Basta con un solo ejemplo, como el de la prima, para tirar todo esto”, dijo Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Y no es la primera vez que el mandatario tiene que dar la cara por un familiar. En agosto pasado se filtraron dos videos que muestran a su hermano, Pío López Obrador, recibiendo supuestos sobornos durante una campaña electoral local en 2015.
El presidente dijo “no abogar por nadie” y ordenó que se investigara, pero tras las pesquisas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no encontró “nada que fuera significativo”.
En julio, las autoridades tuvieron que sancionar a la empresa del hijo de Manuel Bartlett, estrecho colaborador de López Obrador, tras conocerse que vendió al Gobierno ventiladores para enfermos con coronavirus o Covid-19 a un precio superior al de mercado.
Alvarado reconoció que ante estos casos, el actual Gobierno tuvo una respuesta más “contundente” que la que tenían las anteriores Administraciones, pero advirtió que el combate a la corrupción no es solo “reaccionar a la presión mediática” sino tener una estrategia.
Mucho discurso y poca estrategia
La estrategia de López Obrador se basa en la idea de que si el presidente da el “ejemplo”, el resto de funcionarios no son corruptos.
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— Economíahoy.mx (@Economiahoymx) December 9, 2020
Pero según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los ciudadanos que fueron víctimas de actos de corrupción por parte del poder público aumentaron del 12 % de la población en 2013 al 16 % en 2019.
El instituto también calcula que en 2019, los mexicanos tuvieron que pagar un total de 12,770 millones de pesos en “mordidas”, sobornos o extorsiones para hacer trámites ante las autoridades, sobre todo policiales.
“Los sobornos para la adquisición de contratos, las mordidas para la policía o para tener trámites… Eso no lo puede controlar el presidente. Para eso se necesita una red de instituciones de control que funcionen”, defendió la directora de México Evalúa.
El Gobierno de López Obrador dejó sin efecto el Sistema Nacional Anticorrupción, un conjunto de instituciones independientes diseñado en 2016 por la presión de la sociedad civil.
Además, bajo la bandera de la lucha contra la corrupción, optaron por suprimir 109 fideicomisos independientes que gestionaban fondos para ciencia y derechos humanos, mientras adjudica el 70 % de los contratos públicos de manera directa.
“Repartir el poder en muchas manos es un mecanismo de control porque dificulta que se pongan de acuerdo para robar. Limita las decisiones discrecionales”, defendió el investigador de MCCI, quien cree que López Obrador busca saltarse “obstáculos”.
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Ojos puestos en los macrojuicios
La promesa del combate a la impunidad de López Obrador pasa su prueba de fuego con los procesos judiciales por corrupción contra la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedatu) Rosario Robles y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ambos del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
La Fiscalía logró un pacto con Lozoya que implica a Peña Nieto en el caso de Odebrecht, mientras busca que Robles haga lo mismo en el caso de desfalco conocido como “La Estafa Maestra”.
“La Fiscalía (General de la República) necesita construir un caso sólido ante el juez y no estoy segura de que exista capacidad ni voluntad política para llevarlo a sus últimas consecuencias”, subrayó Edna Jaime, quien teme que todo quede en un “puro show”.
López Obrador ya ha dicho que para procesar a expresidentes lo deberán avalar primero los ciudadanos en una consulta popular el próximo año. “Es aberrante, la justicia no se somete a voluntad popular. Las instituciones tienen que operar si tienen indicios de actos criminales”, dijo la activista.
En el Día Internacional contra la Corrupción, ¿qué ha dicho AMLO sobre este delito? #Alterno180 #DesdeElLadoOpuestohttps://t.co/tYdWhinDCo
— alterno 180 (@180Alterno) December 9, 2020
Con información de EFE