El sector energético mexicano cierra este 2020 con un conflicto recargado por las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien busca “rescatar” a las empresas del Estado y apagar la participación de las empresas privadas.
“Si ya estábamos viendo ciertas acciones y regulaciones nuevas, ciertos cambios regulatorios en pro de las actividades de las empresas productivas del Estado, este año fue algo mucho más directo”, comentó Daniela Flores, economista de la consultora Talanza Energy.
La pandemia del coronavirus o Covid-19 motivó al Gobierno a implementar medidas para reforzar el rol de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex), ambas empresas públicas del Estado.
El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó el 29 de abril el acuerdo para garantizar la eficiencia del sistema eléctrico con el que buscó frenar la entrada de plantas privadas de energía renovable con el argumento de la emergencia sanitaria.
“Ese fue el primer golpe al sector y a los privados”, adviertió Miguel Ángel Mateo, socio especializado en derecho energético de la firma legal Hogan Lovells.
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Al acuerdo de la Cenace se sumó la política de confiabilidad que la Secretaría de Energía (Sener) publicó el 15 de mayo para desincentivar el despacho de energía renovable generada en plantas privadas con el pretexto de que son “intermitentes”.
Asimismo, en un acto que empresarios llamaron el “electrolinazo”, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó en junio un aumento de hasta 775 % en las tarifas de porteo que deben pagar las centrales eléctricas, incluyendo renovables, a la CFE.
El conjunto de estas acciones afectaría al 14 % del Producto Interno Bruto (PIB), calculo que hizo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Asimismo, peligran 44,000 millones de dólares de inversión y 81,500 de empleos en México, de acuerdo con estimaciones de asociaciones de productores renovables.
Aunque las acciones mencionadas se encuentran suspendidas en tribunales y pendientes de revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mateo considera que los efectos ya son tangibles.
“Las empresas han perdido mucha confianza en el regulador. El sector energético se ha desmotivado para invertir”, lamentó el abogado de Hogan Lovells.
Vuelta al pasado
La experta de Talanza Energy considera que el “evento más importante” fue el memorando que AMLO mandó en julio a los reguladores autónomos de energía, a quienes solicitó alinearse a su política energética.
En esta #InfoCIEP te compartimos el panorama del sector energético en México. ⚡️🌱 pic.twitter.com/aZOfNeiAJE
— CIEP, A.C. (@ciepmx) December 14, 2020
Andrés Manuel López Obrador planteó en el texto “regresar, sin ignorar las nuevas realidades” a la política de los expresidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, quienes nacionalizaron el petróleo y la electricidad.
“Tal es el espíritu que nutre el objetivo superior del actual Gobierno: recuperar el pleno dominio del petróleo y de la industria eléctrica. En lo específico, la decisión se traduce en no continuar con la privatización del sector energético”, se lee en el memo.
El documento se dirige a la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), órganos autónomos que regulan el sector energético además del Cenace, organismo público descentralizado que controla el sistema eléctrico.
“El punto nodal, más importante en este año, fue ese memo del presidente donde le pide a los reguladores que hagan todo lo posible dentro del marco de regulatorio para que tanto Pemex como la CFE no pierdan participación de mercado”, expone Flores.
Choques en 2021
Aunque hay un freno temporal en los tribunales, el conflicto por el sector energético continuará en 2021 porque AMLO ha advertido de una posible iniciativa que contrarreste los efectos de la Reforma Energética de 2013, que abrió el sector a la iniciativa privada.
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Mientras Mateo considera que el Gobierno utilizará el tema para “buscar consensos” con los empresarios, Flores señala que dependerá de las elecciones del año entrante cuando se renovará la Cámara de Diputados.
Asimismo, México debe analizar la postura energética que tendrá el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien podría aprovechar el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, en vigor desde el 1 de julio, para presionar a la administración de López Obrador.
“Aunque quieran cambiar las leyes, tienen que tener mucho cuidado porque seguimos teniendo tratado comerciales, el T-MEC a final de cuentas protege los intereses de las empresas estadounidenses y canadienses que ya están instaladas aquí”, reflexiona Flores.
Con información de EFE