El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, prometió colaborar con las autoridades mexicanas luego de que un testigo protegido asegurara que hubo militares involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
“En todo lo que está presentándose de Ayotzinapa damos la información, tenemos la obligación de hacerlo así. Nuestra jurisdicción militar, cuando llega a detectar algún delito que se vincula con el orden común, el orden federal, pasa la información”, afirmó el jefe del ejército mexicano.
Las declaraciones del general Sandoval ocurren luego de que este miércoles se diera a conocer el testimonio de un testigo protegido al que llamaron “Juan” y presunto líder del cártel Guerreros Unidos, quien participó en la desaparición de los 43 jóvenes ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero.
El testigo aseguró que los militares participaron en una operación conjunta con sicarios y policías para detener a los estudiantes y otras 30 personas en el 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, donde luego los entregaron al cártel para su desaparición.
El documento con el testimonio, que pertenece a la Fiscalía General de la República (FGR), fue publicado en el diario Reforma y es similar que ya había dado a conocer en julio la revista Proceso.
Cuando se conoció la filtración, la Secretaría de Gobernación (Segob) dijo que denunciará penalmente ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la FGR.
“Este tipo de filtraciones buscan demeritar los trabajos desarrollados en la investigación del caso Ayotzinapa, la credibilidad de las instituciones que participan en esta, y ponen en riesgo la verdad sobre lo acontecido”, dijo la Segob, que encabeza una Comisión para la Verdad del caso.
“Verdad histórica”
El 26 de septiembre de 2014 policías corruptos del municipio de Iguala detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero de Cocula y tiró los restos a un río, según la versión dada a conocer por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, familiares y una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionaron esta versión de la “verdad histórica”, al señalar que los cuerpos no pudieron quemarse en ese lugar.
El testimonio de este último testigo protegido ha impactado el caso porque involucra de forma directa a soldados.
El jefe del Ejército reconoció la existencia de dichos señalamientos, pero dijo que las Fuerzas Armadas “no investigan ese tipo de delitos” porque su jurisdicción es militar y no abarca crímenes del fuero común o federal.
“Son las autoridades correspondientes a las que les toca atender este tipo de delitos quienes investigan y nosotros somos quienes proporcionamos las facilidades para que puedan desarrollar su trabajo”, sostuvo Sandoval.
Con información de EFE.