Siete militares involucrados en las ejecuciones extrajudiciales en la matanza de Tlatlaya en 2014 fueron detenidos de nuevo, después de haber sido absueltos hace años, y están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR).
“El Tribunal Unitario tuvo que ordenar que se girara orden de reaprehensión contra los militares. Esta orden permaneció sin cumplirse por 16 meses, como denunciamos desde el Centro Prodh. Hoy trasciende que ha sido cumplida”, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Los militares fueron detenidos a mediados de marzo, sin que se informara a la opinión pública, de acuerdo con el periódico El Universal, que señaló que cuatro salieron bajo fianza el 26 de marzo para continuar su proceso en libertad, mientras que tres permanecen en una prisión militar de la Ciudad de México.
🪖La PGR presentó cargos contra 7 militares por la ejecución de 8 personas. Por su parte, la CNDH determinó que habrían sido ejecutadas entre 12 y 15 personas. La SEDENA en todo momento negó la existencia de ejecuciones.
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Todos los militares detenidos están acusados de ejercicio indebido del servicio público, y tres de ellos enfrentan además acusaciones por homicidio.
Los hechos
En la madrugada del 30 de junio de 2014, unas 22 personas fueron asesinadas por soldados durante un enfrentamiento en una bodega en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México.
De acuerdo con la versión inicial ofrecida por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, los fallecidos eran presuntos delincuentes que murieron durante un enfrentamiento armado con los militares.
Pero dicha versión fue desmentida por uno de los tres sobrevivientes, quien aseguró que un civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio.
De acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de la bodega.
El proceso judicial
La entonces Procuraduría General de la República (PGR) presentó cargos contra siete militares por la ejecución de ocho personas, aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “en todo momento negó la existencia de ejecuciones”, de acuerdo con el Centro Prodh.
“Una vez que los militares fueron detenidos, se les dictó auto de formal prisión. Sin embargo, un tribunal de segunda instancia revocó esta determinación en 2016”, indicó la ONG.
En 2019 y tras un amparo contra el auto de libertad de estos soldados, un Tribunal Colegiado resolvió tomar en cuenta los testimonios de las víctimas y un peritaje que había sido desestimado.
👨👩👧👧Familiares de las víctimas, presentaron un amparo en contra del auto que ordenó la libertad de los militares. El Tribunal Colegiado que lo resolvió en 2019 ordenó tomar en cuenta los testimonios de las víctimas y un peritaje desestimado.
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Finalmente, el Tribunal Unitario ordenó el arresto de estos siete militares. Una decisión que tardó 16 meses en producirse, pero que finalmente “ha sido cumplida”.
La nueva captura “de los responsables es relevante. No habría ocurrido sin la perseverancia de las víctimas y sin el control del Poder Judicial sobre la investigación”, concluyó el Centro Prodh, que pidió que se determine “cabalmente” cuántas víctimas dejó el suceso y se investigue “la cadena de mando”.
Con información de EFE.