La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) considera que de aprobarse en los términos planteados, la iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos, generaría incertidumbre a la inversión, inaplicabilidad, conflicto de preceptos jurídicos y violaciones graves a la Constitución.
“La modificación como se presentó, contempla que en caso de suspensión, la empresa estatal deberá ser la encargada de manejar y controlar las instalaciones suspendidas. Esto presenta una latente posibilidad para que la petrolera nacional (un competidor actual de los permisionarios afectados) sea designada para tomar el control de las instalaciones cuyos permisos sean suspendidos práctica que genera preocupaciones entre los inversionistas así como cuestionamientos sobre el Estado de Derecho, el respeto a las inversiones realizadas y los límites a la propiedad privada”, dice un comunicado.
Para la Coparmex, el proceso de reforma a la Ley de Hidrocarburos impulsada por el Ejecutivo Federal debe estar abierto tanto a la sociedad como a la opinión de expertos y debe ser precisa para evitar generar incertidumbre innecesaria en el sector.
Te recomendamos: Secretaría de Hacienda prevé crecimiento de 5.3% del PIB en 2021
“Los riesgos que advertimos con este proyecto de reforma están vinculados con la vulneración del Estado de Derecho por disposiciones discrecionales que podrían derivar en un potencial abuso de autoridad; y también, por posibles prácticas anticompetitivas, que no ponen a los consumidores como beneficiarios principales, sino que pretenden favorecer a Pemex a costa de mayores precios o combustibles de menor calidad”, dice el documento.
Suspender permisos
La Confederación también considera “preocupante que la propuesta presentada ante la Cámara de Diputados establezca que la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrán suspender los permisos, de manera temporal e indefinida (a discreción de la autoridad), petrolíferos e hidrocarburos ante “un peligro inminente” a la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional sin que en ningún caso, definan claramente supuestos normativos”.
“En la iniciativa, se propone reformar el régimen de sanciones, a fin de revocar los permisos de operación previamente expedidos, a los sujetos que reinciden en la ejecución de conductas como: incumplimiento de las disposiciones aplicables a la cantidad, calidad y medición de petrolíferos y realizar modificaciones no autorizadas a la infraestructura del permisionario”, dice el documento.
Esta propuesta es particularmente relevante, pues dada su redacción, abre la puerta para que las instalaciones y permisos –de cualquier tipo– tengan necesariamente que ser operadas por Pemex.
También lee: OMC prevé que comercio mundial aumente 8% en 2021