Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro, Coahuila,, Jalisco, Aguascalientes, Sinaloa, Baja California Sur, Sonora y Yucatán, son las entidades más competitivas de acuerdo con Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Según el Índice de Competitividad Estatal 2021 (ICE), Ciudad de México es la única entidad con la competitividad más alta y Guerrero es la entidad menos competitiva.

En ese sentido, Sinaloa, Nayarit y Tamaulipas son las entidades que tuvieron los mayores avances según los datos del ICE.

“Sinaloa avanzó siete lugares (del 14 al 7) porque subió 10 posiciones en los subíndices de Economía, ocho en Político y seis en Innovación. Nayarit subió cuatro posiciones (del 19 al 15), debido a que avanzó 10 lugares en Mercado de factores (mercado laboral), cinco en Gobiernos y cuatro en Derecho. Tamaulipas, aumentó tres lugares (del 15 al 12), porque avanzó 10 lugares en Derecho, ocho en Economía y cuatro en Sociedad”, destacó el IMCO.

Las entidades con mayores retrocesos

En el Índice de Competitividad Estatal 2021 también se muestran las entidades con mayores retrocesos, donde Hidalgo perdió cinco lugares (del 17 al 22) porque bajó siete posiciones en Político, seis en Gobiernos y tres en Mercados de Factores.

“Chihuahua bajó cuatro posiciones (del 7 al 11) debido a que cayó seis lugares en Innovación, tres en Político y tres en Derecho y Quintana Roo cayó cuatro lugares (del 12 al 16) porque retrocedió 14 en Economía, seis en Medio ambiente y cinco en Precursores”, según datos del ICE.

Para que las entidades mejoren en su capacidad para forjar, atraer y retener talento e inversión el IMCO propone:

• Aprovechar las facultades de las entidades para desarrollar programas de nivelación académica y de reincorporación de alumnos que complementen la política federal ante los efectos de la pandemia.
• Desarrollar capacidades para la generación y procesamiento de datos que mejoren la toma de decisiones de política pública y faciliten trámites y servicios, para promover la transformación digital.
• Adecuar la legislación presupuestal estatal con el fin de crear controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos estatales, para evitar que los recursos sean reasignados sin aprobación previa del congreso local, evitando así la discrecionalidad en su uso.
• Reformar las leyes de adquisiciones y obras públicas estatales para incluir protocolos y lineamientos específicos para la contratación y ejecución de compras en tiempos de emergencia.
• Promover la inserción de los estados del sur-sureste del país en la cadena productiva de América del Norte, mediante mejoras regulatorias e inversión en infraestructura y conectividad.
• Crear sistemas estatales de innovación que incentiven y recompensen los esfuerzos en materia de innovación aplicada, y que generen un vínculo entre el sector privado y los generadores de patentes.

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