La International Chamber of Commerce México (ICC México) ve con preocupación algunos aspectos de la reforma a la Ley de Hidrocarburos.

A la ICC le preocupa ciertas disposiciones, particularmente aquellas que crean incertidumbre a los permisionarios en cuanto a las obligaciones que deben cumplir al dar una excesiva discrecionalidad a la Secretaría de Energía, sin parámetros establecidos en la ley, para establecer la capacidad mínima de almacenamiento de hidrocarburos.

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Demás de “Incentivar que las autoridades no contesten las peticiones de cesión de permisos o tengan obligación de argumentar las razones por las cuales una solicitud es negada, al sustituir la afirmativa ficta por una negativa ficta; y generan incertidumbre en cuanto a la duración de la suspensión de un permiso o en cuanto a los motivos de dicha suspensión, ya que se incorporan conceptos como “peligro inminente”, “seguridad nacional”, “seguridad energética” y “economía nacional”, los cuales no solamente son ambiguos, sino que no se encuentran definidos y, por tanto, estarán sujetos a una posible aplicación, quizá arbitraria. De igual forma, la creación de la última de estas causales, como tal, es desde nuestro punto de visto cuestionable”, dice un comunicado.

Para la ICC, también resulta preocupante que, en caso de que la autoridad suspenda estos permisos, la operación de la infraestructura podría quedar a cargo de Pemex o de las empresas productivas del Estado, pudiéndose considerar estas medidas por los participantes del mercado como medidas violatorias de derechos.

Violación de acuerdos 

“Lo anterior sin considerar, además, la posible violación a acuerdos adoptados por México al amparo de los tratados de libre comercio de los que es parte, entre los que se encuentran el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (TMEC), el Acuerdo de Cooperación Económica con la Unión Europea y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés)”, dice el documento.

“Estas preocupaciones podrían traducirse en desincentivar la participación de nuevos competidores en el mercado de hidrocarburos, reducir la oferta o distorsionar el régimen de permisos, teniendo consecuencias negativas no sólo para los inversionistas, sino también para los consumidores finales de hidrocarburos, afectando la economía nacional”, enfatizó.

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