La Suprema Corte  de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la Ley General de Comunicación Social, aprobada en el mandato de Enrique Peña Nieto para regular la propaganda gubernamental, al considerar que “no esclarece ni detalla los criterios” de gasto en publicidad oficial.

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“La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió conceder el amparo en contra de la Ley General de Comunicación Social, porque no cumple a cabalidad con la tarea encomendada por el artículo 134 de la Constitución Federal y Tercero Transitorio de la reforma constitucional en materia electoral de 2014, en tanto no esclarece ni detalla los criterios a que debe estar sujeto el gasto en comunicación social, ni tampoco dispone procedimientos concretos y reglas específicas encaminadas a garantizar que el ejercicio de dicho gasto cumpla con los criterios referidos, disminuyendo así la discrecionalidad de los agentes gubernamentales involucrados”, dice un comunicado.

Impugnar la ley que regula el gasto en publicidad oficial

De acuerdo con la SCJN, el caso surgió de un amparo promovido por una sociedad civil (Artículo 19) a quien se le reconoció interés legítimo para impugnar la Ley General de Comunicación Social, en virtud de que su objeto social está vinculado con la defensa de los derechos de libertad de expresión e información.

“La Primera Sala determinó procedente conceder el amparo para que el Congreso de la Unión cumpla cabalmente con la obligación establecida en el texto constitucional en materia de la regulación de la publicidad oficial y subsane las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones correspondiente al año dos mil veintiuno”, dice el documento.

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