El costo de regularizar los vehículos “chocolate” será pagado también por la industria automotriz y sus empleados
El pasado sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el acuerdo para la regularización de los vehículos ‘chocolate’.
Durante el acto, el mandatario dijo: “Ahora se les va a registrar, van a dar una cooperación los que tienen estos carros de alrededor de 2 mil 500 pesos. Es una cooperación porque ese dinero va a quedar en Baja California, como aquí se ha dicho, y se va a utilizar para tapar los baches, para mejorar las vialidades”.
Ante el decreto de López Obrador, la industria automotriz en México reaccionó y no descarta interponer amparos en contra de la regularización de vehículos ilegales usados de procedencia estadounidense y canadiense.
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), advierte que evaluará la pertinencia jurídica de emprender acciones de defensa ante el Poder Judicial de la Federación ante la medida que señaló: “beneficia a mafias criminales y la burocracia corrupta”.
El decreto iniciará en los siete estados que comparten frontera con Estados Unidos: Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Baja California Sur.
Se estima que en esta regularización entrarán más de 500,000 automóviles que circulan en Baja California de manera ilegal, con lo que se recaudarán casi 300 millones de pesos.
La AMDA se pronunció a través del director Guillermo Rosales por “tolerancia cero” al flujo de vehículos en contrabando por los puertos fronterizos.
“Es indispensable acabar con la corrupción aduanera; así como equipar tecnológicamente los puntos de revisión vehicular para identificar los vehículos con placas sobrepuestas, alteraciones documentales y daños mecánicos visibles”, señaló.
Ante la falta de políticas claras y de un lineamiento para llevar a cabo esta regularización, exigió el estricto cumplimiento del ANEXO No. 8 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los gobiernos estatales, mediante el cual asumen responsabilidades para combatir el contrabando automotriz.
Pero esta no fue la única reacción ante el decreto firmado el sábado, José Medina, presidente de la Coparmex advirtió: “la disposición representa un riesgo para los casi 2 millones de empleos vinculados a la fabricación de equipo de transporte y a su comercio al mayoreo y menudeo; muchos de ellos se verían en riesgo de desaparecer dada la posible contracción del mercado interno”.
Por su parte, Rosa Isela Rodríguez secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó en conferencia desde Ensenada, Baja California, que los beneficios de este acuerdo solo aplicarán para los automotores que ya se encuentren dentro del país.
Del 1 de noviembre del 2019 al 30 de agosto del 2020, en Baja California fueron puestos a disposición 370 vehículos usados para la comisión de homicidios calificados, 78 por ciento de los cuales fueron de origen extranjero e irregular.
También lee: México solicita consultas a EU por reglas de origen de sector automotriz