El FMI le dice a El Salvador que implemente cambios para mejorar el sistema de pagos electrónicos y deje de circular el bitcoin como moneda legal
A través del directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) se sugirió que el El Salvador revierta la estrategia que convirtió el bitcoin en una moneda de curso legal, además también solicitó la regulación estricta del monedero electrónico en dicho país.
Por su parte, el ministro de Hacienda salvadoreño, Alejandro Zelaya, no hizo comentarios al respecto y solo se tiene información de lo establecido con los miembros de la junta del FMI.
Cabe destacar que El Salvador se convirtió en septiembre en el primer país en hacer del bitcoin una moneda de curso legal, además del dólar estadounidense, pues su economía ha permanecido dolarizada durante dos décadas.
A partir del curso legal del bitcoin en ese país, el FMI ha insistido en repetidas ocasiones que la medida se revierta, ya que alega la existencia de problemas económicos, legares y financieros.
Cabe destacar que el directorio del FMI comentó que era importante impulsar la inclusión financiera y que la billetera electrónica Chivo, creada por el gobierno para el intercambio de bitcoins, podría desempeñar este papel. No obstante, asegura “la necesidad de una estricta regulación y supervisión del nuevo ecosistema”.
Por su parte, miembros del directorio mostraron preocupación por los riesgos asociados a la esperada emisión de bonos vinculados al bitcoin por parte de El Salvador.
Pues el gobierno del país prepara la emisión de 1,000 millones de dólares en bonos, de los cuales se usará la mitad para la compra de bitcoins.
Es importante señalar que gobierno salvadoreño apuesta a que la exposición a las ganancias del bitcoin atraerá a los inversionistas, que se procura que reciban un rendimiento en dólares del 6.5%, porcentaje bastante bajo de lo que el mercado cotiza actualmente para una deuda pública salvadoreña similar, pues está cercana al 17%.
El FMI también advirtió a través de un comunicado que con los actuales niveles de gasto en la deuda pública de dicho país podría aumentar hasta aproximadamente el 96% del PIB en 2026, lo que se calificó como una “trayectoria insostenible”.
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