Organizaciones civiles denunciaron la detención de más de 50,000 migrantes y la muerte de al menos 33 de ellos en territorio mexicano durante la pandemia de acuerdo con el “Informe sobre violaciones a derechos humanos de las personas migrantes en México en el contexto de la pandemia de Covid-19”.
Pese a la contingencia sanitaria, no ha cesado la aprehensión de migrantes y solicitantes de asilo, afirmó Alejandra Macías, directora de Asylum Access México.
“El Instituto Nacional de Migración (INM) sigue deteniendo a las personas sabiendo que estando en detención son altamente vulnerables a contraer el coronavirus, esto debido a las condiciones inadecuadas en que se encuentran las estaciones migratorias”, manifestó Macías al presentar el informe.
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Las 50,000 personas detenidas entre enero y agosto representan un número menor a los 141,844 arrestos reportados por el INM en el mismo período del año pasado, pero considerado preocupante por las organizaciones por el riesgo de contagio.
El Gobierno federal solo ha hecho test a 1,911 migrantes, de los que 28.4% resultaron positivos por Covid-19 y 33 fallecieron, lo que implica una letalidad del 6%, comentó Ana Saiz, directora general de Sin Fronteras.
Aunque el INM ha negado que esto haya sucedido en sus centros de detención, las organizaciones y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han verificado al menos la muerte de un salvadoreño detenido en Ciudad de México y de un haitiano en Chiapas por presunta negligencia.
“Es importante pensar en que este subregistro es consistente o incluso puede ser mayor al subregistro que se presenta a nivel nacional”, advirtió Saiz.
El 27 de agosto, la International Chamber of Commerce Mundial (ICC) lanzó once recomendaciones generales sobre salud y seguridad que garanticen los servicios esenciales para la mano de obra migrante en las industrias especialmente afectadas por la crisis durante la pandemia por Covid-19.
“Para ICC Mundial e ICC México, los trabajadores migrantes tienen preocupaciones específicas -ya que por lo general están lejos de sus familias y comunidades-, entre las que figuran el hecho de tener que hacer frente a barreras lingüísticas y/o culturales, así como a una posible discriminación, y a menudo no se benefician de las protecciones sociales y las redes de seguridad de las que disfrutan los trabajadores locales en general”, decía un comunicado.
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