El Tribunal Supremo de Estados Unidos (EU) tomará en cuenta los argumentos de dos controvertidas políticas de inmigración del presidente Donald Trump y tal vez lo haga ya contando con la presencia de la jueza Amy Coney Barrett.
El Tribunal cuenta en este momento con ocho miembros luego de la muerte de la jueza Ruth Gingsburg y tiene como tarea analizar la decisión de Trump sobre desviar fondos para construir un muro en la frontera con México, el cual costará cerca de los 2,500 millones de dólares que el Congreso había asignado para gastos militares.
El Tribunal escuchará los argumentos sobre la política de Trump por las que decenas de personas que llegaron a Estados Unidos pidiendo asilo y que han sido devueltas a México y América Central a la espera de sus trámites.
“Es bien sabido que Trump no obtuvo del Congreso fondos para su obsesión xenófoba del muro, y cada tribunal que ha considerado el caso dictaminó que el presidente no tiene autoridad para gastar miles de millones de dólares de los impuestos en esa obra”, afirmó Dror Ladin, abogado principal del Proyecto de Seguridad Nacional en la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
“Esperamos demostrar esos argumentos ante el Tribunal Supremo y poner, finalmente, un alto al abuso de poder inconstitucional de este gobierno”, agregó Ladin.
Las audiencias probablemente se realizarán después que el Senado confirme a Barrett como su nueva integrante, con lo que habrá una mayoría de seis jueces conservadores frente a tres progresistas.
“El Gobierno de Trump ha malversado fondos militares para la construcción de un muro que ha causado daños duraderos a los ecosistemas y comunidades de la frontera, ha dañado irreparablemente tierras indígenas y ha destruido la fauna y los hábitat en la frontera”, declaró Gloria Smith, abogada del Sierra Club.
ACLU, en representación de la Coalición de Comunidades de la Frontera y el grupo ambientalista Sierra Club, fue quien presentó la demanda sobre el muro y alegaron que la obra agravará el problema de inundaciones en la región, además de perjudicará la fauna y la flora silvestres.
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Asimismo, los demandantes alegan que Donald Trump no tiene atribuciones para cambiar el destino de los fondos que ya asignados por el Congreso. En mayo del año pasado un juez federal en California dictaminó como ilegal transferir a la construcción del muro los fondos asignados por el Congreso para gastos del Pentágono, por lo que ordenó la suspensión de esos pagos.
El Tribunal Supremo canceló la orden de suspensión de pagos en julio de 2019 con un voto de 5 a 4, a la vez que autorizó seguir con los trabajos mientras continuaba el litigio. En junio pasado un tribunal de apelaciones, también en California, calificó de ilegal la decisión de Trump porque no tiene la autoridad constitucional para cambiar el destino de las asignaciones de dinero del Congreso.
El otro caso por el cual el Tribunal Supremo tendrá audiencias es por el Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), política se conoce como “Permanece en México” y que fue adoptada a comienzos de 2019 por la administración de Trump; se trata de negar a las personas que llegan a la frontera y piden asilo el trámite que estipula la ley: libertad provisional mientras esperan una audiencia en un tribunal de inmigración.
La querella legal la llevan adelante ACLU y el Southern Poverty Law (SPLC), organización no gubernamental con sede en Alabama que se dedica a la lucha contra el racismo y el supremacismo blanco. Aunque un tribunal federal en California ordenó la suspensión de MPP el programa sigue esperando a que se resuelva el litigio.
“Quienes buscan asilo enfrentan graves peligros en cada día que continúa esta política ilegal y depravada (…) Los tribunales han fallado repetidas veces contra esta política, y el Supremo también debería hacerlo”, afirmó Judy Rabinovitz, la abogada de ACLU que encabeza la demanda.
“Ha pasado más de un año desde que un tribunal de distrito federal invalidó la política ilegal del gobierno que fuerza a quienes buscan asilo a esperar en México (…) “Pero aun así miles de familias permanecen en condiciones cada vez más peligrosas y muchas han sufrido violencia brutal y el desamparo (…) Seguiremos luchando para poner a esta crueldad de una vez y para siempre”, dijo Blaine Bookey, directora legal del Centro para Estudios de Género y Refugiados (CGRS).
La Corte Suprema de #EU decidirá sobre la legalidad de la política migratoria que ha obligado a miles de migrantes a esperar en México. https://t.co/zUJ4AE5qq9
— El Economista (@eleconomista) October 19, 2020
Con información de EFE