Una niña de 13 años que era abusada sexualmente por un vecino interrumpió, de manera voluntaria, un embarazo de 12 semanas y encendió el debate sobre la despenalización del aborto en Venezuela.

La justicia venezolana encarceló a la mujer que la ayudó y dejó libre al agresor por falta de pruebas.

El caso ha despertado indignación en buena parte de la opinión pública que rechaza la detención de Vanesa Rosales, la profesora y activista que facilitó el abortivo y que estuvo tres meses tras las rejas, si bien ahora se encuentra bajo arresto domiciliario a la espera de un juicio que podría acabar condenándola a 12 años de cárcel.

En ese sentido, el debate sobre la despenalización quizá consiga una puerta por primera vez en el Parlamento o, al menos, así lo dijo el presidente de la Cámara, Jorge Rodríguez, quien, con menos de dos semanas en el cargo, indicó que temas “complejos” como el aborto “seguramente” serán discutidos, aunque no agregó detalles al respecto.

Mientras tanto, Vanesa sigue en peligro de ser condenada por ayudar a una niña a la que vio nacer y crecer, la misma que hoy se siente culpable de haber puesto en esa posición a su profesora. Y el agresor se mantiene prófugo, aunque con una alerta roja de Interpol que fue emitida un mes después de haber sido excarcelado.

Un tema tabú

El tema es tan controvertido, que todavía son pocos los que se atreven a manifestarse abiertamente, sin escudarse tras el muro de las redes sociales, donde las reacciones más extremas no se hicieron esperar.

Pero si un embarazo en una niña de 13 años siempre arrastra unos inconvenientes inevitables por la inmadurez -tanto física como psicológica de la gestante-, en Venezuela, se agravan, a consecuencia de las condiciones de vida de la mayoría de ciudadanos, que viven en la miseria y sin visos de mejora en un futuro cercano.

Con información de EFE.