La política migratoria del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sufrió su primer revés judicial en Texas, donde un juez federal que fue nombrado por el expresidente Donald Trump bloqueó, por un tiempo indefinido y a nivel nacional, la suspensión de las deportaciones durante 100 días decretada por el demócrata.
La orden, que fue emitida por el juez Drew Tipton, en Corpus Christi, se debe aplicar en todo EU, pero puede ser llevada ante el tribunal de apelaciones de Nueva Orleáns, de tendencia conservadora, por lo que el grupo proinmigrante Unión de Libertades Civiles (ACLU) indicó que estudia sus opciones.
La suspensión de las deportaciones fue uno de los decretos firmados por Biden cuando asumió la Presidencia, el pasado 20 de enero, y de inmediato se topó con una demanda del fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton.
El pasado 26 de enero Tipton ya había emitido una orden temporal que bloqueaba la suspensión de las deportaciones, haciendo referencia a un acuerdo de última hora firmado por el gobierno de Trump y varios estados que requería un aviso con 180 días de antelación para cualquier modificación de las prácticas migratorias.
Respuesta del gobierno
Los abogados del gobierno de Biden alegaron que ese pacto fue ilegal y no es obligatorio, ya que ningún estado tiene poder de veto sobre la autoridad de Washington en materia de migración, la cual es de competencia exclusiva del gobierno federal.
Además, grupos promigrantes señalaron que el Gobierno de Biden, que ha continuado con las expulsiones, tiene atribuciones para no ejecutar las deportaciones ya ordenadas, con decisiones caso por caso.
En su decisión, Tipton afirmó que el decreto de Biden es arbitrario y excedió las atribuciones presidenciales al suspender o alterar una ley federal que requiere la deportación dentro de los 90 días desde que la orden de expulsión se haya firmado.
El hecho de que la suspensión en las deportaciones se decretara pocas horas después de la investidura de Biden, asegura el juez en su dictamen de 105 páginas, muestra que “eso no dejó mucho tiempo para la reflexión y el análisis”.
La semana pasada el Departamento de Seguridad Nacional divulgó las nuevas prioridades para las deportaciones mientras el gobierno de Biden reevalúa toda la política migratoria de Trump.
Entre ellas figura la deportación de individuos que representen un peligro para la seguridad nacional, que hayan cometido crímenes y sean una amenaza para la seguridad pública, o que estén asociados con pandillas criminales, así como aquellos inmigrantes que acaben de cruzar ilegalmente la frontera.
La Unión de Libertades Civiles (ACLU) denunció la decisión del juez Tipton, y Kate Huddleston, abogada de esta organización en Texas, dijo que Paxton busca que el gobierno de Biden “continúe las políticas xenófobas del expresidente Trump”.
“El permitir que continúen estas deportaciones significa que habrá familias separadas y que la gente que tiene una oportunidad de buscar alivio en Estados Unidos sea devuelta al peligro”, añadió.
Con información de EFE.
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