En días recientes el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la propuesta de reforma administrativa a organismos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), con el objetivo de que estos sean absorbidos por dependencias federales. El ejecutivo argumentó que estas instituciones no funcionan y tienen un costo millonario para el país.

Sin embargo, la creación de los organismos responde a la necesidad de regular la competencia como el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFESE), o poner reglas en mercados muy concentrados como el caso de las telecomunicaciones (IFT). En concreto, cumplen una función reguladora incluso para agentes del propio Estado, tarea establecida en la constitución mexicana.

“Es como un regreso al pasado donde el estado controla todo, es cierto que esto le da mucho poder; pero también genera un conflicto porque no es un ente independiente y autónomo el que daría las resoluciones y eso es lo que resulta  muy preocupante”, declaró Pablo Álvarez Icaza, analista económico.

Hacer que la administración se haga cargo de todo no es necesariamente algo positivo, como argumenta el actual presidente, y este hecho se puede notar en la actual distribución y aplicación de la vacuna contra Covid-19, estrategias que con ayuda de elementos como la subcontratación y los privados podrían concretarse en menor tiempo y lograr una vacunación de la población en el menor tiempo posible.

“Hay esta idea de que el estado lo puede hacer todo. Hay un prejuicio: como la iniciativa privada está llena de corrupción es el ejército, el órgano del estado que no tiene corrupción, el que debe encargarse de todo, y son verdades a medias”. Por eso es importante mantener la vinculación con el sector privado, señala Álvarez Icaza.